Entre la impunidad y la justificación oficial ingenua - El Argentino

Por Eduardo Anguita
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Las noticias sobre la bonaerense no dejan de inquietar. La decisión del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, sobre la reincorporación al servicio de los policías vinculados a la desaparición de Luciano Arruga resulta un aval directo a la impunidad que reclaman los sectores duros de la policía. Precisamente los que tanto él como el ministro de Justicia, Ricardo Casal, expresan o representan. A fines de enero de este año, Arruga, de 16 años, fue llevado a una comisaría de Lomas del Mirador y allí, según testigos, fue golpeado salvajemente. Mientras la investigación judicial avanzaba, ante las evidencias de responsabilidad policial, el Ministerio de Seguridad había separado de sus funciones a ocho policías a los que se les pagaba el 70% del sueldo y se los dejaba en libertad pero, al menos, estaban separados de la fuerza de seguridad. Ahora, cuando la prensa reaccionaria busca demonizar a los pibes chorros, no es noticia que esos policías vuelven a cobrar sueldo entero y a tener funciones. Arruga era pobre, iba a la escuela y no tenía actividad delictiva alguna.

Tampoco importa que Sabina Sotello, la madre de Víctor Manuel “El Frente” Vital, ya no recibe fondos de ayuda social para mantener un comedor y una escuela, un espacio de contención para pibes pobres que, quizá, se droguen o estén cerca del mundo del hampa. “El Frente” Vital se convirtió en un ícono de los “pibes chorros” pero tampoco es un hecho noticiable que Sabina debió recibir protección especial porque denunció con valentía al policía que mató a su hijo –de 16 años, hace ya diez–: las pericias indicaron que Héctor Sosa le metió cuatro tiros a un metro sin que Vital se defendiera. Ese policía, con antecedentes de gatillo fácil, salió indemne del juicio y ante los intentos de reabrir la causa.

En la madrugada del lunes, Marcelo Jáuregui, un oficial de la bonaerense que prestaba servicios en la Policía Científica de Lanús, fue muerto a tiros en el camino Centenario. Estaba de civil, con un travesti en el auto, y llegaron dos tipos que con toda calma le dijeron al acompañante que se bajara y asesinaron al policía después de hablar un rato con él. Jáuregui tenía en sus bolsillos mucha plata en efectivo pero no se la llevaron. El jefe de la bonaerense, Juan Carlos Paggi, aclaró que este efectivo no murió “por arriesgar la vida por la ciudadanía” y dijo que se investigaban “todas las hipótesis”. Le faltó decir cuáles, porque pese a la indignación de un asesinato, lo que queda flotando en la imaginación del común de la gente no ayuda nada a la memoria del muerto.

Claro, cuando fue atacado Fernando Cáceres, el envión informativo de los medios amarillos –la mayoría– va hacia la búsqueda de menores asesinos. Como si con eso se calmara a la sociedad, cuando en realidad lo que produce es sólo una ira –irracional– que pretende sólo despegar a los policías y políticos que conducen la policía más grande y, posiblemente, la más difícil de ordenar de acuerdo a normas democráticas y de transparencia operativa.

Stornelli la semana pasada embistió contra su antecesor León Arslanian y desnudó que está empeñado en darle “más poder a la policía”. Como si la Justicia fuera un obstáculo al accionar policial. Conceptualmente es peligroso: porque pretende que los fiscales y jueces no obstruyan el accionar de los uniformados. Pero, en realidad, es un contrasentido. Porque cuando los policías terminan en los tribunales rara vez resultan condenados, aunque las evidencias sean abrumadoras. Y con respecto a la labor judicial de jueces que se basan en detenciones hechas por sus órdenes o por iniciativas policiales, se da la paradoja de que el 70% de los casi 30.000 presos en la provincia de Buenos Aires tienen prisión preventiva, pero no condena firme. Entonces no es cuestión de endurecer las penas. Los medios de comunicación alineados con esa mentalidad de mano dura jamás aclaran que quienes salen “antes de tiempo” (la teoría de la puerta giratoria) son quienes precisamente logran que se les computen doble los años de prisión sin condena firme. Y eso es gracias a la lentitud –o la corrupción– de la Justicia.

Es decir, parece que los temas policiales deben tratarse sin la más mínima inteligencia para hacer público que parte –y grave– del problema delictivo en la Argentina es que la bonaerense –y otras fuerzas de seguridad– son parte de una corrupción estructural. De “cajas” recaudatorias –ilegales– que requieren de mano de obra de jovencitos ladrones y también de funcionarios que hagan la vista gorda.

En vez de diseñar una policía que sea funcional a la democracia, a la transparencia de procedimientos, de estímulo a la integración de los más sumergidos, Stornelli tiene el propósito –desde que asumió– de darles nuevamente poder a los viejos jerarcas de la maldita policía. Los resultados fueron malos. Pero los tapa con una degradación del manejo informativo. Porque la dirigencia política –y a esto no escapa el gobierno provincial ni el nacional– prefiere mirar al costado. A los políticos no les quita el sueño la inseguridad sino el miedo a perder imagen pública por el manejo mediático de los temas policiales, que es una cosa muy distinta.

Ayer, el gobernador Daniel Scioli salió a respaldar firmemente a Stornelli. Esta vez sacando de la galera un proyecto de reforma al régimen contravencional, que establece mayores atributos a la policía y el endurecimiento en general de la actual normativa.

“Estamos avanzando en una iniciativa que nos sugirió en su momento Stornelli, viendo la realidad de trabajo cotidiano de la policía, y vamos a hacer las rondas necesarias de consultas”, anunció. Es humo, pero en la dirección de alinearse con la idea de que es necesario tener más policías en la calle.

Habló de darles “nuevo encuadramiento a los tipos de delitos que estamos enfrentando a diario ante bandas muy organizadas y dispuestas a todo”. Sin hacer referencia precisa, parece que no hablaba de otra cosa que del viejo negocio de los desarmaderos. No hay juez, fiscal o policía que no sepa que eso –que empieza con el robo de autos en la calle– es posible si –y sólo si– hay impunidad. Nadie desconoce que es más barato un guardabarros “usado” (¡qué noble término!) que uno nuevo. Y cualquiera sabe dónde conseguirlo. Sin embargo, Scioli se refirió a los negocios de la calle Warnes –en la Ciudad de Buenos Aires, otro distrito, otra policía– y agregó que “si los ladrones de autos ven que no tienen la posibilidad de comercializar los repuestos porque nadie se los compra, esto los va a desalentar”. Una argumentación tan ingenua sólo podría ser justificable en quien desconociera la realidad. Pero no se oyeron voces –oficialistas u opositoras– que desde la política se plantearan ir al corazón del problema.