Stornelli y el desaparecido Arruga - en BAE

Por Eduardo Anguita

Luciano Arruga está desaparecido. Tenía 16 años cuando el 31 de enero fue llevado a una comisaría en Lomas del Mirador. El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, fue quien tomó la decisión de separar de la actividad policial a ocho efectivos que esa noche prestaban servicio. Como meses después, Stornelli decidió reintegrarlos a sus actividades, en el mismo distrito en el que prestaban servicio; publiqué un artículo el martes pasado que llevó por título “Entre la impunidad y la justificación ingenua”. Esa nota motivó una carta al jefe de Redacción de Buenos Aires Económico escrita por Adriana Belmonte, quien trabajó años de periodista y en la actualidad se desempeña como directora general de Comunicación del ministerio a cargo de Stornelli. En ella, Belmonte menciona a Gonzalo, un chico amigo de Luciano, que habría visto a la víctima golpeada en el destacamento. Luego, dice textualmente: “A pesar de los esfuerzos por localizarlo, Gonzalo, único testigo que permite vincular la ausencia de Luciano con la responsabilidad policial, nunca apareció. Su testimonio no figura en la causa”. Un párrafo muy desafortunado. En primer lugar, porque encontrar a un chico pobre de La Matanza es, para una fuerza de seguridad, una tarea muy sencilla. Segundo: no es el único testigo. El abogado de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, confirmó que hay dos personas que estaban presas ese día en la comisaría en cuestión, que denuncian haber oído las quejas de alguien que estaba siendo salvajemente golpeado esa noche. Por estar en las celdas, no pudieron ver o identificar de quién se trataba. Y esas dos personas están ubicadas e identificadas. Tercero: Celia Cejas, la fiscal que actualmente lleva la acusación, tiene suficientes indicios como para confirmar la responsabilidad del personal policial que, en un primer momento, fue sancionado por Stornelli. Y lo que tiene Cejas no debe diferir mucho de lo que Stornelli supo desde un primer momento. Porque los policías no pudieron explicar las acciones realizadas por esas horas y un móvil policial tuvo un movimiento que podría confirmar la hipótesis que maneja la familia a partir de todos los indicios que dejó la impunidad con la que se habrían manejado los policías involucrados. Esa hipótesis es que Luciano fue muerto a golpes –quizá involuntariamente– y que luego su cuerpo sin vida fue “hecho desaparecer”. En abril pasado se realizó un rastrillaje en el Predio Municipal Monte Dorrego en busca de rastros de Luciano. Mientras se hacía el operativo, se apersonó Stornelli. Por considerar que los resultados fueron positivos, dispuso el pase a disponibilidad de los policías. Pero la familia y el abogado denunciaron que la fiscal anterior, Roxana Castelli, fue removida por administrar mal las pruebas. Y que, a la vez, los resultados positivos del rastrillaje –con perros que olieron ropas de Luciano– fueron desestimados para seguir la investigación. Quinto: Luciano no se fugó de su casa. Ya había tenido conflictos con la policía. “La historia que terminó con su desaparición comenzó en agosto de 2008, cuando fue detenido por averiguación de antecedentes mientras cartoneaba en la zona. En esa ocasión, Luciano habría sido golpeado por la policía, pero su familia decidió no hacer la denuncia. El 22 de septiembre lo volvieron a detener. Lo acusaban de robar un reproductor de mp3 a tres jóvenes, aunque sin armas ni violencia. Esa misma tarde, cuando su hermana lo fue a buscar al destacamento, escuchó la conversación telefónica de un policía con el fiscal, al que le preguntaba qué hacer con el menor. Como música de fondo, a través de la puerta se oían los gritos de Luciano. Estaba siendo golpeado otra vez” (Miradas al Sur, 20-03-09). El miércoles pasado, después de publicada la nota firmada por Belmonte, desde el programa de Radio Nacional Carbono 14 intenté entrevistarla, pero no accedió a la invitación. Es un hecho desafortunado que el ministro Stornelli no estimule que sus funcionarios –o él mismo– den información precisa sobre esto. Pese a que la responsabilidad de los funcionarios debería ser que no queden zonas oscuras en el tratamiento público de estos temas, en esta oportunidad se confirma lo que tuvo por título la nota original: el ministro actúa con una combinación de ingenuidad e impunidad, porque cuando se da un paso para tratar de aclarar las cosas, hay que tener coherencia y avanzar otro paso más y otro más. Pero el problema es que el desaparecido es Luciano y sólo podrá saberse la verdad si el ministro alienta a que se conozca la verdad. Esto no termina acá: el juez Banco, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 5, tiene abierta la causa y la fiscal Cejas va a presentar las pruebas para que la impunidad termine. La larga historia de absoluciones a uniformados de la Bonaerense que cometieron delitos no permite saber cómo terminará esto. Pero, en el caso de Luciano el agravante es que está desaparecido. Una palabra que en la Argentina remite a los miles de asesinados por efectivos policiales o militares en la época de la última dictadura militar. Algo que nunca más debe suceder.