Por Pedro Noel Romero, corresponsal de NOVA en Casa Rosada.
Vamos al grano. En un Gobierno de los Kirchner que se autodefine a morir como progresista, defensor de los derechos humanos y que gestiona para los más humildes -eso dicen en la Rosada, Olivos, El Calafate y en cada acto K- las fuerzas de seguridad mataron mil 323 chicos y este año los casos más resonantes fueron los de los pibes Luciano Nahuel Arruga y Rubén Orlando Carballo.
Teléfono para las divas de la puta clase media argentina Mirtha Legrand y Susana Giménez y también para Marcelo Tinelli, el cuasi fogonero de la prostitución vip en la TV, que piden a gritos que se aplique mano dura.
El dato corresponde a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que presentó su informe anual el pasado 20 de noviembre en la Plaza de Mayo donde se precisó, además, que policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron dos mil 826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ese día.
Las policías Federal y Bonaerense se hacen un festín sobre todo los fines de semana por la noche y amedrentan, agreden, torturan y son capaces de llegar a matar a jóvenes por la simple portación de cara y el primer blanco son peruanos, bolivianos y paraguayos porque no tienen forma ni recursos para defenderse y en el caso de Arruga y Carballo -que son argentinos- a sus abogados les va a costar una enormidad torcer la voluntad de una Justicia que siempre es funcional a las fuerzas represoras.
En lo que tiene que ver con el caso Arruga la causa refiere a un chico de 16 años que en enero de este año fue detenido y llevado a una comisaría de Lomas del Mirador donde lo golpearon salvajemente y luego lo habrían hecho desaparecer e, increíblemente, el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, antes de presentar la denuncia sobre un supuesto complot policial contra la gestión de Daniel Scioli -y para coquetear con la fuerza de seguridad que lo dejó con un pie fuera del gabinete provincial-, alentó la reincorporación al servicio de los ocho policías vinculados a esta desaparición.
La desaparición de Luciano Arruga recuerda el triste y brutal caso de Miguel Brú, el estudiante de periodismo asesinado por efectivos de la Seccional 9ª, la Maldita Policía en La Plata en 1993 y su cuerpo nunca fue encontrado; y a Jorge Julio López, el testigo clave que desapareció el 18 de septiembre del 2006 tras declarar en el juicio que permitió que se condenara a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Se lo llevaron en las narices de las fuerzas de seguridad y, con espoleta de retardo, sólo después de la desaparición del albañil platense a los gobiernos nacional y bonaerense se les dio por idear normas para la protección de testigos en juicios por violaciones a los derechos humanos cuando eran titulares de las respectivas jurisdicciones Aníbal Fernández y León Carlos Arslanián. Increíble pero real.
En cuanto al otro caso, Rubén Carballo fue al Club Vélez Sarsfield a ver un recital de rock (Viejas Locas) y murió tras sufrir múltiples heridas en la previa de ese recital.
La Policía Federal aseguró que se trató de una caída pero la autopsia que le realizaron al cuerpo del chico de 17 años determinó que la causa del fallecimiento fueron golpes asestados por una o más personas.
Esta situación, llevó al abogado de la familia a pedir el cambio de carátula a “homicidio en investigación”. ¿Saben de quiénes se sospechan que pudieron ser los asesinos del pibe? Sí, de los efectivos de la Seccional 44ª de la Policía Federal que estuvieron a cargo del operativo de amedrentamiento y represión que reflejó de forma impecable América 2.
No fueron a prevenir nada. Fueron a moler a palos al público que había ido a presenciar y escuchar a un conjunto de rock aún cuando la gran mayoría de los pibes a los que reprimieron tenían sus entradas en sus manos. ¿El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak? Bien, gracias. No abre la boca sobre el tema.
Los datos de la CORREPI
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) trazó un paralelo entre el caso de Walter Bulacio (1991) y el de Carballo. Así, señala que en abril de 1991, el titular de los diarios y la crónica fueron los mismos que los que refirieron al caso Carballo: "Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes, hubo heridos y detenidos".
La CORREPI agrega: "Esa vez fue en Obras, tocaban Los Redondos, y el estudiante que murió una semana después, se llamaba Walter David Bulacio. También tenía 17 años. El jefe de prensa de la policía federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó (el mes pasado) en varias radios que los pibes "se querían colar", que había "inadaptados" y que los uniformados tuvieron que emplear "la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden".
En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos "estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas".
El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía: como brazo armado del Estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y, cuando se ve amenazado, restaurarlo por medio de la fuerza. Eso se llama control social. Con "la fuerza mínima necesaria", desde luego. Eso se llama economía de recursos.
Entre 1991 y 2009 -entre Walter y Rubén - miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas.
Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron dos 826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 20 de noviembre de 2009.
Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, 1.323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395.
En el último año, el aparato represivo estatal nos mató un pibe cada 28 horas. Más de 20 por mes. El 53 por ciento tenía menos de 25 años.
Del documento de la CORREPI (leer nota titulada Informe 2009 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) transcribimos los siguientes párrafos que tienen que ver, entre otros puntos, con detenciones de jóvenes en comisarías y el accionar de la Justicia: "A pesar de que los asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, están debidamente registrados (Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes entre 2000 y 2001, los del 19 y 20 de diciembre de 2001, los del 26 de junio de 2002, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba), es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías.
Esta marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo “preventivo”, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase…
…En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura.
El Estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”.
Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.
Sin más palabras que agregar. Sólo que para los medios periodísticos solamente existe la inseguridad cuando se trata de robos y tentativa de robos, secuestros y asesinatos que tienen como víctimas a gente de sectores de clase media, personajes de la farándula y empresarios.
La dura realidad que afecta a los jóvenes de sectores humildes o pobres les importa un bledo. Sin embargo, es donde más audiencia captan sobre todo los impresentables Susana Giménez y Marcelo Tinelli para su TV prostibularia.
Existe mano dura desde siempre aún en democracia y en etapas como la actual, cuyos funcionarios alardean con hipocresía que dedican su gestión a la defensa de los derechos humanos y los humildes cuando en realidad para los pobres no existen los derechos humanos más allá de los avances que hubo en este tema con los Juicios por la Verdad y la condena de los represores. Pero ese, precisamente, es otro tema.
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