Novedades en la causa
El abogado de la familia del chico desaparecido en enero de 2009, el Dr. Juan Manuel Combi, señaló que el juez presentó “un rechazo a un pedido por incompetencia que hizo una de las fiscales. Todavía no existen para el juez de Garantías los elementos suficientes para sospechar que sea el personal policial quien esté involucrado en los delitos que nosotros imputamos”.
“La cuestión de incompetencia estaba basada en una denuncia que nosotros hacemos sobre la desaparición forzada y es así, que denunciando la familia de Luciano a través de sus abogados, la desaparición de un menor y otros hechos que hacen a la intervención de policías en la causa, obviamente que la fiscal pidió que se trate la cuestión de competencia y el juez que lo hizo entendió que es competente para este asunto”, aseveró.
En este sentido, explicó a NCO que el Comité Contra la Tortura también avaló, al hacer una presentación ante la ONU, que “hay testigos que afirman haber visto en la Comisaría de Lomas del Mirador, un hecho de tortura y hasta manifestaron el mecanismo utilizado por personal policial”.
“Lo único que pedimos es que se investigue ese hecho porque hay testigos que manifiestan de modo concordante y que hace a una tortura dentro de una sede policial. Estos dichos son avalados por dos testigos y se complementan con los de un tercero que si bien no ve el acto, lo escucha. Por lo menos se debe investigar el caso, sea o no Luciano Arruga aunque hay reconocimientos de fotos que nos hacen sospechar que fue él”, resaltó.
Asimismo, aseveró que los declarantes señalaron que la persona agredida era un menor de edad, que fue “torturado en sede policial y se debe investigar. Ahora, ¿por qué no se investiga? Me gustaría poder responderlo, pero quien debe hacerlo es la Justicia argentina”.
“Nosotros tenemos una postura que ve que la Justicia como independiente y fuera del poder Estatal. Yo entiendo que el Estado debe tomar intervención en un caso de esta envergadura donde hay un ciudadano que se encuentra desaparecido, que tiene familia y lo que entiendo es que la Justicia, encargada de perseguir y averiguar los delitos, debería investigar cada hecho irregular que surge en una causa que lleva más de 14 cuerpos. Si esto es una averiguación de paradero, es muy particular porque hay pericias, informes y testigos”, contó.
Por eso, remarcó que “si toda averiguación de paradero en el país lleva más de 14 cuerpos, debo felicitar a la Justicia argentina porque se preocupa por cada chico perdido. Nosotros decimos que Luciano no es un chico perdido y entendemos que existe una irregularidad por parte del personal policial y que para ellos hay certezas suficientes como para averiguar”.
Asimismo, desde la salida de Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial, indicó que en un programa televisivo y de boca del actual ministro de Justicia, se enteró de que Ricardo Casal se pondría en contacto con ellos.
“Ahora de su Ministerio depende la Secretaría de Seguridad. De mi parte, todavía no recibí ningún llamado de esa cartera, ni tampoco lo ha hecho la familia de Luciano, pero estamos a la espera porque queremos que se trate una cuestión que en su momento le elevamos al Sr. Stornelli, reclamando el cierre inmediato del destacamento”, contó el letrado.
También, Combi señaló que hasta el momento no se le ha podido explicar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuál es la finalidad del destacamento policial y “qué funcionalidad tiene cuando de la causa se desprende que no tiene celdas para alojar internos y a su vez hubo un chico detenido, comprobado por lo menos en la vez anterior y hay un antecedente que señala que estuvo detenido 9 horas, mientras su familia lo esperaba en la puerta”.
“Por eso, cuando existía el Ministerio de Seguridad, le hemos pedido encarecidamente que cerraran el destacamento o al menos nos den una explicación de los organismos del Estado, sobre cuál es su funcionalidad dentro de ese barrio. Entendemos que debe tener una explicación inmediata para dársela a la familia y a todas las organizaciones que estamos bregando para que no existan más centros clandestinos de detención y ese destacamento es una casa y no tiene condiciones para hacer un alojamiento policial sobre todo cuando se producen las irregularidades de las que nosotros hablamos”, dijo.
Con respecto a la primera ocasión en la que Luciano fue detenido, comentó que en ese momento el chico era menor de edad, por lo que la ONU se expidió al respecto. “Puede ser que se le demuestre la comisión de un ilícito y en su caso dar vista al asesor de menores correspondiente, con un tratamiento tutelar”, pero no puede ser detenido.
“Luciano estuvo detenido 9 horas, en una cocina y la familia denunció las lesiones que había sufrido por personal policial y no podemos decir que haya tenido antecedentes penales de ningún tipo porque es un menor y es inimputable”, aseguró el legista representante de la familia del chico oriundo de Lomas del Mirador.
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El abogado de la familia del chico desaparecido en enero de 2009, el Dr. Juan Manuel Combi, señaló que el juez presentó “un rechazo a un pedido por incompetencia que hizo una de las fiscales. Todavía no existen para el juez de Garantías los elementos suficientes para sospechar que sea el personal policial quien esté involucrado en los delitos que nosotros imputamos”.
“La cuestión de incompetencia estaba basada en una denuncia que nosotros hacemos sobre la desaparición forzada y es así, que denunciando la familia de Luciano a través de sus abogados, la desaparición de un menor y otros hechos que hacen a la intervención de policías en la causa, obviamente que la fiscal pidió que se trate la cuestión de competencia y el juez que lo hizo entendió que es competente para este asunto”, aseveró.
En este sentido, explicó a NCO que el Comité Contra la Tortura también avaló, al hacer una presentación ante la ONU, que “hay testigos que afirman haber visto en la Comisaría de Lomas del Mirador, un hecho de tortura y hasta manifestaron el mecanismo utilizado por personal policial”.
“Lo único que pedimos es que se investigue ese hecho porque hay testigos que manifiestan de modo concordante y que hace a una tortura dentro de una sede policial. Estos dichos son avalados por dos testigos y se complementan con los de un tercero que si bien no ve el acto, lo escucha. Por lo menos se debe investigar el caso, sea o no Luciano Arruga aunque hay reconocimientos de fotos que nos hacen sospechar que fue él”, resaltó.
Asimismo, aseveró que los declarantes señalaron que la persona agredida era un menor de edad, que fue “torturado en sede policial y se debe investigar. Ahora, ¿por qué no se investiga? Me gustaría poder responderlo, pero quien debe hacerlo es la Justicia argentina”.
“Nosotros tenemos una postura que ve que la Justicia como independiente y fuera del poder Estatal. Yo entiendo que el Estado debe tomar intervención en un caso de esta envergadura donde hay un ciudadano que se encuentra desaparecido, que tiene familia y lo que entiendo es que la Justicia, encargada de perseguir y averiguar los delitos, debería investigar cada hecho irregular que surge en una causa que lleva más de 14 cuerpos. Si esto es una averiguación de paradero, es muy particular porque hay pericias, informes y testigos”, contó.
Por eso, remarcó que “si toda averiguación de paradero en el país lleva más de 14 cuerpos, debo felicitar a la Justicia argentina porque se preocupa por cada chico perdido. Nosotros decimos que Luciano no es un chico perdido y entendemos que existe una irregularidad por parte del personal policial y que para ellos hay certezas suficientes como para averiguar”.
Asimismo, desde la salida de Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial, indicó que en un programa televisivo y de boca del actual ministro de Justicia, se enteró de que Ricardo Casal se pondría en contacto con ellos.
“Ahora de su Ministerio depende la Secretaría de Seguridad. De mi parte, todavía no recibí ningún llamado de esa cartera, ni tampoco lo ha hecho la familia de Luciano, pero estamos a la espera porque queremos que se trate una cuestión que en su momento le elevamos al Sr. Stornelli, reclamando el cierre inmediato del destacamento”, contó el letrado.
También, Combi señaló que hasta el momento no se le ha podido explicar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuál es la finalidad del destacamento policial y “qué funcionalidad tiene cuando de la causa se desprende que no tiene celdas para alojar internos y a su vez hubo un chico detenido, comprobado por lo menos en la vez anterior y hay un antecedente que señala que estuvo detenido 9 horas, mientras su familia lo esperaba en la puerta”.
“Por eso, cuando existía el Ministerio de Seguridad, le hemos pedido encarecidamente que cerraran el destacamento o al menos nos den una explicación de los organismos del Estado, sobre cuál es su funcionalidad dentro de ese barrio. Entendemos que debe tener una explicación inmediata para dársela a la familia y a todas las organizaciones que estamos bregando para que no existan más centros clandestinos de detención y ese destacamento es una casa y no tiene condiciones para hacer un alojamiento policial sobre todo cuando se producen las irregularidades de las que nosotros hablamos”, dijo.
Con respecto a la primera ocasión en la que Luciano fue detenido, comentó que en ese momento el chico era menor de edad, por lo que la ONU se expidió al respecto. “Puede ser que se le demuestre la comisión de un ilícito y en su caso dar vista al asesor de menores correspondiente, con un tratamiento tutelar”, pero no puede ser detenido.
“Luciano estuvo detenido 9 horas, en una cocina y la familia denunció las lesiones que había sufrido por personal policial y no podemos decir que haya tenido antecedentes penales de ningún tipo porque es un menor y es inimputable”, aseguró el legista representante de la familia del chico oriundo de Lomas del Mirador.
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